Desde el quinto piso

Las recientes declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, en torno al cambio de Vicepresidencia dentro de la institución, han despertado una considerable atención pública y no pocas críticas. Su enfoque, basado en la defensa de una supuesta normalidad de los “reajustes internos” del partido, invita a reflexionar sobre el impacto real de estas decisiones en la política insular y, sobre todo, en la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas.  

Para empezar, la idea de que los cambios en las áreas de responsabilidad y la Vicepresidencia sean una mera cuestión interna del partido parece subestimar la importancia de la transparencia y la confianza pública. Argumentar que estas modificaciones obedecen a dinámicas internas y jerarquías partidistas resulta preocupante, pues parece dejar de lado que los cargos públicos no solo pertenecen a una estructura política, sino que también son un contrato tácito con la ciudadanía que los eligió.  

Es especialmente llamativo cómo Vázquez insiste en que la Vicepresidencia "no tiene competencias, presupuesto ni peso ejecutivo, solo un rol protocolario". Este enfoque, aparentemente trivial, ignora la relevancia simbólica del cargo, no solo como representación institucional, sino como un reflejo del liderazgo dentro del Cabildo. Despojar a Jacobo Medina, quien lideró la plancha electoral del PP en las elecciones, sin una explicación clara y convincente para el público, no hace sino acrecentar la sensación de arbitrariedad y falta de comunicación que se percibe desde fuera.  

Además, minimizar el malestar generado en la opinión pública como un “revuelo innecesario” no solo es poco acertado, sino que evidencia un tono condescendiente hacia la ciudadanía. Los votantes tienen todo el derecho a cuestionar las decisiones de sus representantes, más aún cuando estas se ejecutan de manera opaca y bajo el paraguas de un “esto siempre ha pasado”. Este tipo de argumentación no solo erosiona la confianza pública, sino que también perpetúa una cultura política que parece más enfocada en el control interno que en el servicio a la ciudadanía.  

Por otra parte, las declaraciones del portavoz sobre la importancia de acatar las jerarquías del partido dejan un mensaje preocupante: los intereses partidistas prevalecen sobre las dinámicas colaborativas dentro de las instituciones. Decir que “quien no esté de acuerdo, que se vaya a su casa” transmite una imagen de autoritarismo organizativo y deja poco espacio para el diálogo interno, un elemento esencial en cualquier organización que aspire a la democracia interna y a la modernidad política.  

Es comprensible que un partido político busque reorganizarse para optimizar su funcionamiento, pero la forma en que se comunican y justifican estos cambios es crucial. Lanzarote no puede permitirse que sus instituciones queden atrapadas en un juego de sillas donde las decisiones importantes se toman a puerta cerrada, sin un debate abierto y sin rendir cuentas a quienes, en última instancia, son los verdaderos afectados: la ciudadanía.  

En definitiva, el Partido Popular de Lanzarote debe repensar la manera en que gestiona sus decisiones internas y cómo las traslada al ámbito público. Minimizar la importancia de un cargo como la Vicepresidencia, trivializar el malestar social y recurrir al argumento de las “jerarquías incuestionables” no solo es una mala estrategia comunicativa, sino que además refuerza la desconexión entre las instituciones y los ciudadanos. La política insular merece mayor claridad, transparencia y respeto por la inteligencia de los Lanzaroteños , que no pueden ser tratados como meros espectadores de un espectáculo partidista.