Tensión política bloquea el pleno del Cabildo y frena decisiones clave para Lanzarote

El pleno ordinario del Cabildo de Lanzarote previsto para este jueves fue suspendido a última hora por decisión del presidente, Oswaldo Betancort (CC), tras recibir un informe jurídico que cuestiona la legalidad de debatir una moción presentada por el Partido Popular en la que se proponía declarar “persona non grata” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta iniciativa, de fuerte carga simbólica pero sin competencia directa en el ámbito insular, ha desatado un terremoto político que ha dejado en el aire decisiones de impacto real para la isla.

Según ha explicado Betancort en una comparecencia pública, la moción del PP fue registrada a tiempo y enviada a la Secretaría para su inclusión en el orden del día, como es habitual. Sin embargo, tras conocer su contenido, el grupo socialista presentó una solicitud formal exigiendo la retirada de la iniciativa, advirtiendo incluso de posibles acciones legales por considerar que la moción invade competencias ajenas al Cabildo. El secretario emitió un informe concluyendo que dicha declaración carece de base legal y sería nula de pleno derecho.

Pese al criterio jurídico, la junta de portavoces, con el apoyo del grupo popular, decidió mantener la moción en el orden del día. La presión aumentó cuando, la noche anterior al pleno, la presidencia del Cabildo recibió un nuevo escrito en el que se advertía de posibles responsabilidades penales si se permitía o se impedía el debate, dejando a Betancort en una encrucijada jurídica y política.

Ante este escenario, el presidente optó por suspender la sesión y solicitar un segundo informe que clarifique cómo proceder sin vulnerar derechos ni incurrir en irregularidades: “No me preocupa el fondo, me preocupa actuar conforme a derecho”, dijo.

Proyectos estancados

Más allá de la controversia institucional, la suspensión del pleno ha tenido efectos prácticos. Entre los puntos previstos para su aprobación figuraba la modificación de una partida presupuestaria destinada a la compra de un edificio en Arrecife para instalar la segunda biblioteca pública de Lanzarote. También estaba en agenda la renovación del órgano ambiental insular, un trámite clave para destrabar expedientes urbanísticos.

Además, se iba a aprobar por primera vez un reglamento para constituir el Consejo Insular del Tercer Sector, una herramienta de participación social largamente esperada. Y se preveía dar explicaciones sobre los avances en los expedientes de vivienda del Valterra.

Todo ello ha quedado congelado, al menos hasta septiembre u octubre, en palabras del propio presidente. “Esto no va de vencedores ni vencidos. Va de que hoy Lanzarote ha perdido la oportunidad de avanzar en asuntos que sí afectan al día a día de la isla”, lamentó.

Betancort, visiblemente incómodo por el cariz que ha tomado la situación, denunció que el Cabildo ha sido arrastrado a un conflicto nacional que poco tiene que ver con la gestión insular. “Nadie me ha preguntado qué opino yo sobre Pedro Sánchez. No es una cuestión que me quite el sueño”, zanjó. También recordó que, al no contar con una mayoría clara en la institución, la gobernabilidad depende de equilibrios frágiles que ahora se han visto alterados.

El secretario del Cabildo se ha comprometido a emitir un nuevo informe en el plazo de una semana o diez días. Hasta entonces, no habrá nueva convocatoria de pleno. Betancort insiste en que su prioridad es garantizar que las decisiones que se tomen estén blindadas legalmente: “No quiero ni favorecer ni perjudicar a nadie. Sólo cumplir la ley y proteger la institución”.

La suspensión del pleno no es solo una anécdota política más. Es la señal de alerta de una deriva que convierte a las instituciones en escenarios de batallas ajenas, mientras los problemas reales —vivienda, cultura, participación ciudadana— siguen esperando su turno. Lanzarote necesita menos gestos simbólicos y más decisiones valientes. Y para eso, hacen falta consensos, no cruzadas.