La Comisión Europea plantea introducir márgenes de flexibilidad en las metas de emisiones para los fabricantes, mantiene la neutralidad tecnológica y propone medidas para reactivar el sector, en un giro que cuenta con el respaldo de algunos Estados miembros y fuertes críticas de organizaciones ecologistas.
La Comisión Europea presentó este martes una propuesta para suavizar parte de las exigencias climáticas impuestas al sector del automóvil, con especial atención al horizonte de 2035. El Ejecutivo comunitario plantea permitir que hasta un 10 % de las emisiones conjuntas de CO₂ de las nuevas flotas de cada fabricante en ese año puedan compensarse mediante reducciones logradas con antelación a lo largo de la cadena de valor.
Este margen de flexibilidad estaría condicionado a la obtención de “créditos” medioambientales. Las marcas podrán generarlos recurriendo al uso de acero bajo en carbono producido en Europa, así como mediante la incorporación de biocombustibles y combustibles sintéticos (efuels) en sus procesos.
Neutralidad tecnológica y continuidad de ciertos modelos
La propuesta de Bruselas también contempla que, a partir de 2035, puedan seguir comercializándose vehículos híbridos enchufables y eléctricos que incorporen un motor de combustión como generador. Según el vicepresidente de la Comisión responsable de Industria, Stéphane Séjourné, el planteamiento reafirma “claramente el principio de neutralidad tecnológica” y deja en manos de la industria la elección de las soluciones más adecuadas para avanzar en la descarbonización.
En la misma línea, el comisario europeo de Transportes, Apóstolos Tzitzikostas, estimó que en torno al 35 % de los vehículos no totalmente eléctricos seguirán recurriendo a tecnologías de combustión, híbridas u otras alternativas.
Una rectificación con apoyos y discrepancias
El ajuste normativo deberá ser negociado ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La iniciativa se alinea con las demandas de la industria del motor y con la posición de países como Alemania e Italia, pero se distancia de la postura de España, que defiende mantener el veto total al motor de combustión en 2035.
El movimiento llega un año después de que Bruselas concediera a los fabricantes una prórroga hasta 2027 para cumplir los objetivos de reducción de emisiones previstos inicialmente para 2025. La Comisión propone ahora aplicar un esquema similar en el periodo 2030-2032 y revisar posteriormente la legislación para evaluar su eficacia.
Séjourné subrayó que la electrificación del parque automovilístico europeo sigue siendo el eje central de la transformación a medio plazo, aunque reconoció que el sector afronta “una crisis de la demanda, un retraso tecnológico y una competencia internacional a veces desleal”.
Cambios para furgonetas, camiones y flotas profesionales
El paquete incluye una revisión de los objetivos de emisiones para las furgonetas, que en 2030 deberán reducir su CO₂ un 40 % respecto a 2021, en lugar del 50 % inicialmente previsto. Para los camiones, la Comisión plantea introducir márgenes adicionales de flexibilidad de cara a ese mismo horizonte.
Asimismo, se propone una nueva directiva sobre flotas profesionales con el objetivo de estimular la demanda de vehículos de bajas y cero emisiones. Estas flotas representan alrededor del 60 % de las matriculaciones de vehículos nuevos en la UE. La norma establecerá objetivos vinculantes por Estado miembro y se aplicará a empresas de más de 250 empleados y con una facturación superior a 50 millones de euros, además de buscar la creación de un mercado de segunda mano de vehículos eléctricos.
Impulso al pequeño coche eléctrico europeo
Bruselas apuesta también por el desarrollo de pequeños coches eléctricos asequibles fabricados en Europa. Para ello, propone crear una nueva subcategoría regulatoria con menores cargas normativas e incentivos específicos. Estos vehículos, de hasta 4,2 metros de longitud y con características similares a los “kei” japoneses, disfrutarían de facilidades como permisos especiales de aparcamiento, exenciones en peajes y una moratoria de diez años en nuevas exigencias de seguridad y sostenibilidad.
La Comisión plantea además que, si estos modelos se producen en territorio europeo, su peso en el cálculo medio de reducción de CO₂ de las flotas sea mayor. También anima a los Estados miembros a diseñar ayudas a la compra, planes de retirada de vehículos antiguos y tarifas de recarga reducidas.
El plan incluye, igualmente, la exigencia de contenido local en los vehículos que reciban apoyo público, especialmente en flotas profesionales y en la cadena de valor de las baterías, con el objetivo de reforzar la industria europea y reducir la dependencia exterior.
Plan de apoyo a las baterías
Como complemento, el Ejecutivo comunitario presentó un programa de 1.800 millones de euros para respaldar a la industria europea de baterías eléctricas. La iniciativa contempla financiación, acceso a materias primas críticas, requisitos de contenido europeo y un refuerzo de la investigación, con la vista puesta en disminuir la dependencia de China. Bruselas calcula además que la simplificación administrativa permitirá ahorrar al sector unos 700 millones de euros anuales.
Reacciones encontradas en Europa
El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró la iniciativa y consideró positiva la mayor flexibilidad regulatoria y la apertura a distintas tecnologías para compatibilizar los objetivos climáticos con la realidad del mercado y el empleo. No obstante, advirtió de que las nuevas normas no deben traducirse en más burocracia, en referencia a las posibles cuotas obligatorias en las flotas de empresa, que Alemania sigue rechazando.
Por el contrario, organizaciones ecologistas y entidades independientes expresaron duras críticas. Greenpeace acusó a la Comisión de diluir sus compromisos de eliminación progresiva de los motores de gasolina y diésel bajo la presión de varios Estados y fabricantes. Su director ejecutivo en Alemania, Martin Kaiser, calificó el plan de “regalo anticipado” para los fabricantes chinos y alertó de sus riesgos para el empleo, la salud y el clima.
El Consejo Internacional sobre el Transporte Limpio (ICCT) advirtió de que las modificaciones podrían debilitar la posición global de Europa en la carrera del vehículo eléctrico. Su investigador jefe, Jan Dornoff, señaló que las concesiones retrasan transformaciones necesarias y generan confusión tecnológica.
También el Consejo Europeo por la Seguridad en el Transporte (ETSC) manifestó su preocupación por la intención de congelar durante una década los requisitos de seguridad para los pequeños vehículos eléctricos, pese a valorar positivamente su encaje dentro de la categoría general de turismos.
Desde el Comité Europeo de las Regiones, su ponente para el paquete del automóvil, María Chivite, calificó el momento de decisivo y alertó de que retroceder en el objetivo de cero emisiones en 2035 podría poner en riesgo tanto la competitividad industrial como el liderazgo climático de la Unión Europea.
Fuente de la información: Comisión Europea y declaraciones oficiales de instituciones y organizaciones implicadas.