Lanzarote asegura 52,7 millones para la atención a la dependencia hasta 2028

La atención a las personas en situación de dependencia y discapacidad en Lanzarote contará con un respaldo económico sin precedentes en los próximos años. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han cerrado un nuevo convenio plurianual que garantiza la financiación de servicios y plazas sociales hasta 2028, dentro de una estrategia regional que moviliza más de 1.600 millones de euros para todo el Archipiélago.

En el caso concreto de Lanzarote, el acuerdo firmado por la consejera autonómica de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y ya ratificado por el Cabildo, supone una aportación de 52,7 millones de euros procedentes de la Comunidad Autónoma. Estos fondos permitirán sostener 847 plazas residenciales y de atención diurna, además de 160 plazas destinadas a la promoción de la autonomía personal, un recurso clave para favorecer la vida independiente y retrasar situaciones de mayor dependencia.

Un esfuerzo compartido entre administraciones

La inversión no recae únicamente en el Ejecutivo regional. El Cabildo de Lanzarote asumirá el 30,39% del coste total del sistema en la isla, lo que se traduce en más de 23 millones de euros hasta 2028. Un esfuerzo económico que, según el consejero insular de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, va acompañado de cambios organizativos que ya están teniendo impacto directo en la ciudadanía: valoraciones más rápidas, reducción de listas de espera y una respuesta más ágil para familias que necesitan estos recursos con urgencia.

Este convenio forma parte de un marco más amplio aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de diciembre, con una dotación autonómica de 1.132 millones de euros para el periodo 2025-2028, a los que se suman 469,6 millones aportados por los cabildos. El resultado es una inversión global de 1.602 millones de euros para sostener y reforzar el Sistema de la Dependencia y la Discapacidad en Canarias.

Precios actualizados y servicios mejor financiados

Uno de los cambios más relevantes del nuevo acuerdo es la actualización de los precios de las plazas y servicios a su coste real, basándose en informes insulares y estudios independientes. Esto se traduce en incrementos significativos en partidas que llevaban años tensionadas: los hogares funcionales para personas con discapacidad pasan de algo más de 74 euros a 117,17 euros por plaza y día; los servicios de promoción de la autonomía personal duplican prácticamente su financiación, hasta los 50,44 euros diarios; y también se refuerzan las plazas residenciales, los centros de día para mayores y las plazas de alto requerimiento.

Para Lanzarote, donde el peso de la insularidad encarece la prestación de muchos servicios, esta revisión supone un alivio para entidades gestoras y una garantía de mayor estabilidad y calidad en la atención.

Cambios en la gestión y criterios comunes

El nuevo marco no solo habla de dinero. Introduce mejoras en la gestión del sistema, como la modernización de los sistemas de información y la creación de un protocolo específico para la derivación de urgencias sociosanitarias, aún pendiente de cerrar entre las administraciones implicadas. Además, se unifican criterios en todo el Archipiélago: acceso a las listas de reserva bajo normas comunes y acreditación obligatoria de las entidades del tercer sector, con el objetivo de que la calidad de la atención no dependa de la isla de residencia.

En este contexto, algunos servicios pasan a ser gestionados directamente por la Comunidad Autónoma, como la teleasistencia o la ayuda a domicilio especializada en Lanzarote y otras islas, buscando homogeneidad y cobertura completa.

La dependencia, prioridad presupuestaria

El impulso al sistema se refleja también en las cuentas autonómicas. El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social para 2026 asciende a 837,7 millones de euros, con posibilidad de superar los 1.000 millones al incorporar fondos externos. De esa cantidad, casi el 76% se destina a sostener la red insular y los convenios, y la dependencia concentra el mayor crecimiento, con 387,4 millones de euros, un 30% más que el año anterior.

Mirando al futuro

Para Lanzarote, este convenio supone algo más que cifras: es una oportunidad para consolidar un modelo de atención más justo, sostenible y adaptado a la realidad social de la isla. El reto ahora estará en que esta inversión se traduzca en menos esperas, más plazas efectivas y una atención digna para quienes más lo necesitan. La financiación está asegurada hasta 2028; el verdadero impacto se medirá en la calidad de vida de las personas y familias que dependen de estos servicios en su día a día.